Camilo Aguas desde la cárcel: "Me siento un preso político, porque soy mapuche"


Este miércoles Camilo Aguas (21) cumple tres meses en prisión preventiva. El joven mapuche-huilliche está procesado por maltrato de obra a carabineros, hecho ocurrido el 29 de septiembre según la fiscalía militar. Aquel día un centenar de mapuches y simpatizantes de la causa indígena marcharon más de 30 kilómetros desde San Juan de la Costa hacia el centro de Osorno.
La caminata se prolongó por dos días y tuvo como finalidad apoyar a los presos políticos que en ese entonces asumían una huelga de hambre en rechazo a la Ley Antiterrorista. Una vez en la Gobernación Provincial, el joven oriundo de Quillipulli fue detenido junto a otros ocho manifestantes tras los incidentes protagonizados con fuerzas especiales de Carabineros.

Todos fueron formalizados por daños y dejados en libertad. Sin embargo Aguas fue retenido y derivado desde el Centro de Justicia hasta la Fiscalía Militar donde lo esperaba el fiscal José Manuel Baquedano. Ahí se enteró que estaba procesado por la agresión que sufrió el cabo Enrique Sandoval Delgado durante los incidentes. El uniformado resultó con un dedo de su mano derecha fracturado, y según dan cuenta los antecedentes de la causa, Aguas sería el autor del golpe.

Desde la cárcel


Acusación que desde la cárcel de Osorno el joven mapuche desmiente tajantemente. "El proceso ha sido poco transparente. No existe ninguna prueba fehaciente que acredite que yo golpeé al carabinero", dice, agregando que su encarcelamiento obedece a un "montaje". Camilo Aguas, el joven que se crió sin sus padres en la costera localidad de Quillipulli, a 50 kilómetros de Osorno, accedió a responder las preguntas desde su celda.

Habla del proceso judicial, lo que significan las demandas territoriales no resueltas del mundo mapuche y de estos 90 días que ha estado privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de calle Amthauer.

- Lo acusan de agredir a un carabinero durante los incidentes del 29 de septiembre, luego de la marcha en apoyo a los presos mapuches. ¿Qué pasó exactamente ese día en la Gobernación? 


El 29 de septiembre culmina la marcha histórica por la vida y la dignidad del pueblo-nación mapuche. Efectivamente participé de la movilización, pero quiero dejar en claro a la sociedad civil que mi injusta detención es un montaje político y racista. Aquí se está persiguiendo una idea. Y esa idea es la liberación colectiva de nuestro pueblo. El 29 de septiembre en la Gobernación Provincial hubo represión desde las fuerzas policiales hacia los comuneros mapuches. Nuestra gente sólo se defendió para evitar ser agredida.

- ¿Cómo define su detención?


Me siento un preso político, porque soy mapuche y formo parte de un movimiento político que exige la devolución del territorio ancestral. Del mismo modo mi detención se originó en una manifestación de carácter política que exigía la derogación de la Ley Antiterrorista, desmilitarización de las comunidades mapuches, libertad a los presos políticos mapuches y juicios justos a los hermanos encarcelados. Por lo tanto el Estado chileno no puede desconocer nuestra justa lucha.
Estoy claro que me encuentro detenido por una lucha ancestral, esa misma lucha que hicieron nuestros kuifikeche (antepasados) para permanecer dignamente dentro de nuestro territorio. Ser un preso político conlleva responsabilidad. Significa mantenerse firme y alerta a los procesos de inversión económica transnacional en nuestro territorio, significa crecer humanamente y cada vez entregarse con un mayor compromiso a nuestro pueblo.

Proceso judicial

Como resultado del enfrentamiento del 29 de septiembre, la comunera mapuche Agni Rojas perdió la visión de su ojo derecho. Acusa haber recibido un golpe de un carabinero. Sin embargo su testimonio no fue acreditado por la Policía de Investigaciones tras la orden de investigar emanada por el fiscal militar, José Manuel Baquedano.

Por esta razón la comunera de Río Bueno estampó una querella por torturas en contra de quienes resulten responsables en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Asegura que cuando estaba hospitalizada en el Hospital Base habría sido obligada por dos funcionarias policiales a firmar un documento donde inculpaba a Camilo Aguas de la agresión. Rojas no firmó, pese a estar convaleciente.

- ¿Qué le parece la acusación de Agni Rojas y de todo el proceso que Fiscalía Militar ha llevado en su contra? 

Ella me vino a visitar para contarme la situación de extorsión que estaba viviendo por parte de la Policía de Investigaciones. No es de extrañar que el sistema policial utilice estos métodos para limpiar sus acciones, ya que existen un sinnúmero de montajes que pretenden responsabilizar a nuestro pueblo de acciones violentas. El proceso que se ha desarrollado en mi contra por la Fiscalía Militar ha sido poco trasparente, ya que no cuentan con ninguna prueba fehaciente que me responsabilice de los hechos investigados.
Hoy me acusan de haber golpeado en la mano a un carabinero, pero ellos como institución han asesinado a 3 weichafes (guerreros) en nuestro propio territorio (Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio). ¿Qué ha sucedido con los carabineros que han asesinado? ¿Existe justicia igualitaria para nuestro pueblo? Si hasta la propia PDI ha reconocido que el asesinato de Jaime Mendoza Collio fue un montaje de Carabineros.

- ¿Qué ha significado la cárcel para usted? 


Es un medio creado por el Estado chileno para ocultar los profundos problemas sociales. En el caso mapuche, la cárcel busca amedrentar y la disuasión del movimiento mapuche y su proyección futura.

 ¿Quiénes lo apoyan?


He recibido apoyo del movimiento mapuche a nivel regional, nacional e internacional y de simpatizantes de la causa mapuche que entienden la problemática y la justa lucha que nuestro pueblo ha levantado contra el sistema económico transnacional.

Esta semana la Corte Marcial con asiento en Santiago resolverá la petición de libertad para Camilo Aguas, la misma que ya denegó en una oportunidad. El comunero espera -esta vez- un fallo favorable que le permita regresar a Quillipulli, tras la solicitud realizada en Fiscalía Militar por su nuevo abogado, José Quirilao.

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