Asamblea ciudadana de Magallanes oficializa paro total de actividades y Gobierno responde con amenazas


Ante la rígida postura de las autoridades del Gobierno, que ayer reconfirmaron su intención de subir el precio del gas en un 16,8% en la región magallánica, la Asamblea Ciudadana comunicó el inicio de una paralización indefinida con cierre de las rutas de acceso más importantes.

Luego de que el ministro Rodrigo Hinzpeter otorgara su respaldo a la iniciativa de Enap (Empresa Nacional del Petróleo) de aumentar en un 16,8% el precio del gas en la Región de Magallanes, los manifestantes de la zona decidieron concretar sus intenciones de paralizar de forma oficial la actividad laboral y el acceso a las diversas rutas que conectan a la ciudad con el aeropuerto y otros sectores turísticos.

Según declaró José Hernández, vocero de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, a Radio Cooperativa, “el martes, a la amanecida del miércoles se hace la paralización general”. Hernández llamó a la participación a los diversos actores de la sociedad civil, aclarando que es rol de todos fortalecer el movimiento para lograr revertir la decisión del Gobierno.

El contrato firmado entre Enap y Gasco ha provocado el descontento colectivo de los magallánicos, que en los últimos días se han movilizado activamente para rechazar el aumento en el precio de un recurso que, dada las extremas condiciones climáticas que caracterizan al sector, es uno de los más utilizados por sus habitantes.

En este contexto, la diputada DC por Punta Arenas, Carolina Goic, llamó al Presidente de la República a cumplir con una de sus promesas electorales para la región, que consistía precisamente en mantener el precio del gas para los magallánicos. “De usted depende, en sus manos está. La ciudadanía de Magallanes escuchó muy claro al Presidente señalar que podían estar tranquilos, que no iban a cambiar las condiciones”, señaló.

En tanto, el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, defendió el derecho de los habitantes de la zona a ser beneficiados con la mantención del precio del gas, asegurando que están “solicitando un subsidio de 15 millones anuales, la nada misma, y no se lo estamos solicitando a Enap, sino al Estado de Chile, que tiene una obligación con Magallanes”.

Ante los hechos, algunos parlamentarios han manifestado su intención de interpelar al ministro de Energía, Ricardo Raineri, apoyando la iniciativa del independiente Miodrag Mirocevic. La idea, que ya tiene la adhesión de la Democracia Cristiana, lo transformaría en el segundo ministro del Gobierno de Sebastián Piñera en someterse a una interpelación en el Congreso Nacional.

INCREMENTO DEL REFUERZO POLICIAL


Ante la evidente fuerza que ha tomado en los últimos días el movimiento de los magallánicos en contra de la medida anunciada por las autoridades, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que tienen contemplado reforzar el contingente policial para resguardar el “estado de derecho” de la ciudad.

Hinzpeter aludió indirectamente al posible cierre de las rutas de acceso a la ciudad, lo que trae cifras negativas para la economía y el turismo. “Para nosotros, el orden público es un bien que valoramos, y desde esa perspectiva lo vamos a cautelar con las fuerzas públicas que tenemos hoy día en Magallanes, y si es necesario agregar más efectivos, lo vamos a hacer, como lo hemos hecho en otras ocasiones”, declaró.

“No es parte del Estado de derecho y la democracia el alterar la vida normal de las personas que quieren desarrollarla en una determinada región”, expresó el Ministro, en una reunión que contó con la presencia de Raineri y del titular de Minería, Laurence Golborne.

Por Vanessa Vargas Rojas

Fotografías: María Ignacia Jutronic

Vía | ElCiudadano

Teletón post terremoto: ¿Y qué fue de los fondos recaudados?


Quisimos saber qué fue de los más de 45 mil millones de pesos obtenidos en la campaña realizada en marzo pasado en pos de la reconstrucción de Chile tras el terremoto. (Reportaje escrito a fines de noviembre de 2010)

45 mil millones de pesos fue la meta final que logró cumplir la Teletón “Chile ayuda a Chile”, realizada entre los días 5 y 6 de marzo de 2010, que tenía como misión aportar para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero.

En un principio, como parte de la convocatoria, participaron cinco fundaciones: Teletón, Un Techo para Chile, Caritas, Hogar de Cristo y Superación de la Pobreza que, uniendo fuerzas, harían un gran evento para canalizar los fondos y especies recaudadas. Sin embargo, sólo las dos primeras recibieron los fondos y las otras tres sólo canalizaron la entrega de las donaciones en especies.

María José Rubio, Jefa de Comunicación Estratégica de Fundación para la Superación de la Pobreza, sostiene que no obtuvieron “dineros de la campaña, sino que desplegamos voluntarios de nuestro programa Servicio País en más de 20 localidades, entre la VI y VIII regiones para apoyar la reconstrucción social, material y productiva, pero sin dineros asociados”.

En tanto, el Hogar de Cristo y Caritas se hicieron cargo de la distribución de más de 360 toneladas de ropa y alimentos que fueron entregados en más de 30 localidades azotadas por el terremoto y el tsunami. Para esa tarea, tampoco habría una gran cantidad de dineros asociados.

Con una abultada cifra en la cuenta de los Bancos de Chile y Santander, Fundación Teletón y Un Techo para Chile desarrollarían la tarea inicial de construir 20 mil viviendas de emergencia y reparar o reconstruir un centenar de establecimientos educaciones en las zonas afectadas.

Así, Un Techo para Chile recibió 15 mil millones de pesos, los cuales canalizó en la construcción 23.886 viviendas. Según datos entregados por la Fundación en los informes de auditoría realizados por la empresa Deloitte, la entidad gastó estos dineros en la compra de los materiales de construcción, transporte y logística; alojamiento y comida para el voluntariado; gastos administrativos, y operacionales e incluso, según lo detallado en los informes, los dineros dieron una utilidad bancaria de 1.370 millones 953 mil pesos que, según informaron, les alcanzó para construir 38 mil viviendas más.

Las construcciones se realizaron entre marzo y mayo entre las regiones V y VIII, incluyendo a la Metropolitana, con participación de más de 85 mil voluntarios.

Aquí es donde surgieron los inconvenientes, ya que pese a haber desplegado una importante red de voluntarios y de materiales, hubo muchos municipios y organizaciones de pobladores que reclamaron que las mediaguas no llegaban o que faltaba mano de obra para su construcción.

Casos como el de la comuna de San Javier, donde el alcalde devolvió 20 mediaguas por estar en malas condiciones, en Hualpén se acusó al alcalde de entregar viviendas de emergencia a dirigentes amigos en desmedro de personas que sí las necesitaban, como también los casos de Chillán y Tomé donde pasaban los meses y ninguna mediagua era construida en la zona.

A esto se suma el grave retraso que existe en la reconstrucción total del país a manos del Gobierno, que aún no ejecuta la totalidad de los proyectos prometidos en las zonas del desastre.

ESCUELAS PARA CHILE

En el caso de la Teletón, la institución recibió más de 30 mil millones de pesos. El destino de estos dineros los derivó en la creación del programa Escuelas para Chile, iniciativa que tiene como fin reparar y construir establecimientos educacionales de emergencia y definitivos. Su directorio está compuesto por Lázaro Calderón, dueño de Ripley; Carlos Alberto Délano, actual presidente de Fundación Teletón y dueño del Banco Penta; Ignacio Cueto, socio de LanChile; Eduardo Bitrán, ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Michelle Bachelet, y Eugenio Silva, designado Director de la Fundación Escuelas para Chile, entre otros.

Escuelas para Chile desarrolla cinco programas graduales que van desde los apoyos inmediatos en la construcción de establecimientos modulares de emergencia, dada la gravedad del daño en los edificios, hasta reconstrucciones extendidas, que implicaron un reconstrucción total de las edificaciones, incluyendo el apoyo a iniciativas de restauración de edificios emblemáticos de la Región Metropolitana, como el Liceo Cervantes, Liceo Insuco, Internado Nacional Barros Arana, Liceo Manuel Barros Borgoño, entre otros.

Según los informes de cuenta pública de esta institución, se realizó un catastro entre las regiones Metropolitana y VIII para conocer el estado de las escuelas y el tipo de reparación que necesitarían. A su vez, se invitó a los alcaldes para presentar proyectos de reparación y reconstrucción.

De acuerdo al informe entregado con fecha 30 de septiembre, se han gastado 14.441.995.000 (más de 14 mil millones de pesos) en la reconstrucción de más de 250 escuelas, quedando en etapa de estudio y ejecución más de 15 mil millones de pesos, cuando ya va a acabar el año académico.

EN LA VOZ DE LOS MUNICIPIOS

Pese a la entrega de 25 establecimientos, en promedio mensual, existen voces disonantes frente a la ejecución de estos programas.

El secretario Municipal de Pelluhue, Guido Hernández, dice que el municipio no ha recibido a la fecha ayuda alguna de parte de la Teletón. Es más, hace alusión a una promesa que realizó la Comunidad Judía durante la jornada solidaria, quienes comprometieron ayuda económica cercana a los 400 millones de pesos que, a la fecha, tampoco han recibido.

Por su parte, el alcalde de Tomé, comuna afectada por el tsunami en la Octava Región, Eduardo Aguilera, narra que la Teletón, en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, solo les donaron una camioneta para socorrer a las familias más afectadas en el balneario de Dichato y aún están a la espera de la entrega de dos establecimientos “modulares” para la comuna.

Aunque reconoce que con el programa Un Techo para Chile se construyeron 1.225 viviendas en su comuna y se implementaron más de 100 hogares de emergencia en la caleta de Coliumo (también en Tomé): “Uno siempre espera más”, dijo Aguilera al ser consultado por el dinero que obtuvieron por la Teletón de marzo.

Aguilera lo que alega principalmente es por el financiamiento gubernamental. “Hemos recibido recursos del Estado que son insuficientes para resolver asuntos sanitarios y de agua”, reclama el edil, quien solicita que les traspasen los 50 millones necesarios para la conexión de la red sanitaria y de alcantarillado de la aldea “Nuevo Amanecer”, de Dichato, por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa, recursos que siguen pendientes luego de nueve meses de ocurrido el terremoto.

En la misma línea se pronuncia el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien manifestó su descontento con el escaso financiamiento entregado para la reconstrucción. Sostiene que hacen falta 10 mil subsidios habitacionales, de los cuales 7.500 serían destinados a reparaciones de viviendas y 2.500 para construcción de nuevas soluciones. El dinero de la Teletón de marzo no ha sido suficiente para que se note un avance en su municipio, y tampoco hay avances derivados de las medidas del actual Gobierno.

Saavedra señala, además, que su municipio amparado en el decreto ley 150, pidió un crédito de más de 450 millones de pesos a entidades financieras para ayudar a su población con la distribución de 150 mil litros de agua diarios a su comunidad, sacar escombros y limpiar el lodo entre otras actividades. Mencionó además que la deuda del municipio ascendió a los 3 mil millones de pesos, y eso lo están haciendo por gestión propia.

Como el proyecto Escuelas para Chile aún está en ejecución, no se puede hacer un balance de la cobertura y efectividad de sus construcciones, dado que todavía existen, en la gran mayoría de los poblados, establecimientos modulares y los municipios esperan la construcción definitiva de los colegios.

Recuadros

ANTECEDENTES DE TELETÓN CHILE AYUDA A CHILE

Han pasado más de nueve meses desde el terremoto que remeció al centro sur del país. El fuerte movimiento que alcanzó los 8,8 en la escala de Richter, no solo provocó el derrumbe de viviendas y edificios, sino también generó un impactante maremoto en las costas de la VII y VIII Región, dejando un saldo de 497 víctimas fatales y más de dos millones de damnificados.

Ante la magnitud de la tragedia, muchas familias quedaron literalmente en la calle -más de 500 mil viviendas quedaron inhabitables-, sin algo para comer o abrigarse. La angustia y el terror generado por las constantes réplicas y el miedo a que el mar volviera a estallar, presentaba un panorama desolador en las zonas afectadas.

No alcanzó a pasar una semana del siniestro cuando el poder mediático comenzó a organizar una Teletón en ayuda de las víctimas, recaudando fondos en ayuda para la reconstrucción. Así que en una jornada de 25 horas, entre los días 5 y 6 de marzo, se realizó “Chile ayuda a Chile” liderada por Don Francisco. Apelando a la unidad nacional, en pos de esta causa, movilizó a gran parte del país, juntó a la todavía presidenta de Michelle Bachelet y al electo Sebastián Piñera, en brindar un solo mensaje de solidaridad.

Amparada bajo el alero de la Fundación Teletón y por la Oritel (Organización Internacional de Teletones), entidad presidida por Mario Kreutzberger -a cargo de la ejecución de las jornadas solidarias-, tenía como misión mostrar las huellas del desastre y apelar una vez más a la solidaridad de los chilenos.

La meta inicial era reunir 15 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas y escuelas en las zonas afectadas, pero al cabo de la jornada se había doblado la cifra: 30 mil millones de pesos, cifra que tres días después alcanzó a más de 45 mil millones de pesos, triplicando la meta.

El desfile de empresas e instituciones ávidas por figurar en la entrega de donaciones no se hizo esperar y a diferencia de las teletones tradicionales, no había marcas predilectas que llamaran a “cooperar comprando los productos”. Aportes en dinero, especies, becas, oportunidades de trabajo, albergues; una serie de ofrecimientos se anunciaron durante esas 25 horas.

Según datos entregados por la Fundación Teletón, de los 45 mil millones, un 44,1% de estos montos fue el aporte de los chilenos de a pie, mientras que un 55,9% correspondió al aporte de empresas.

GASTOS CONSTRUCCIÓN DE MEDIAGUAS

Materiales Mediaguas M$ 12.797.948

Transporte y Logística M$ 1.016.694

Gastos Voluntariado M$ 298.202

Gastos Administrativos M$ 654.647

Otros M$ 232.509

Superávit M$ 1.370.953

TOTAL Proyecto M$ 16.370.953

Fuente: Fundación Un Techo para Chile

*M$: Miles de pesos

GASTOS ESCUELAS PARA CHILE 30/09/2010

Programa Aportes Inmediatos M$ 1.952.864

Programa Soluciones Integrales M$ 12.369.281

Programa Apoyo Iniciativas M$ 119.850

TOTAL Proyecto M$ 14.441.995

Fuente: Escuelas para Chile

*M$: Miles de pesos

Por Claudia Pedreros y David Abrigo

El Ciudadano N°92, primera quincena diciembre 2010

Aluvión de demandas de pueblos indígenas acecha al Estado chileno


Mientras muchos ya dudan del prometido "golpe de timón" en la criticada política hacia los indígenas en Chile, al gobierno de Sebastián Piñera se le acaba el plazo para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención al reclamo de mapuches presos.

"El desafío para este año es evitar que los tribunales sean los que intervengan, como último recurso, para tratar de solucionar los reclamos tanto de las comunidades indígenas como de los dueños de los predios afectados" por las ocupaciones, dijo a Agencia IPS Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales. "Tiene que ser la autoridad política la que tome cartas en el asunto", sostuvo el abogado.

En este Estado austral con 17 millones de habitantes, son nueve los pueblos indígenas que han sido reconocidos por el Estado, siendo el más numeroso el mapuche, con más de un millón de integrantes. La justicia militar recibió el 6 de este mes una denuncia por violencia policial innecesaria presentada por integrantes del pueblo indígena Rapa Nui, que entre septiembre y diciembre fueron violentamente desalojados por efectivos de carabineros (policía uniformada) de terrenos que reivindican como propios en la Isla de Pascua.

Justamente por este motivo, 29 clanes rapanui solicitaron el 9 de septiembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que adopte medidas cautelares en su favor, petición que se encuentra en estudio.

"Todo esto se da en el marco de un conflicto donde los rapanui reivindican tierras, autogobierno, autodeterminación y control migratorio", dijo a IPS Camila Labra, abogada del no gubernamental Observatorio Ciudadano, que apoya la demanda ante la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos.

La Isla de Pascua, reconocido destino turístico ubicado a unos 3.500 kilómetros de la costa chilena en el océano Pacífico, fue anexada al país en 1888. Sus habitantes, de origen polinesio, amenazan con independizarse de Chile si sus demandas no son atendidas.

"Entre mayor sea la negativa al diálogo por parte de la autoridad, más radicalizadas se van tornando las demandas. A mayor participación y consulta a los pueblos indígenas, menor conflictividad social. Eso es lo que la autoridad debe comprender y ejecutar", planteó Contesse.

Asimismo, se informó que el gobierno chileno tiene plazo hasta comienzos de febrero para responder a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ese organismo en otros casos de violaciones a los derechos humanos contra comuneros mapuches condenados por ley antiterrorista en 2003, entre ellos Pascual Pichún y Aniceto Norín. La estrategia de llevar a la justicia ha permitido algunos pocos triunfos para los mapuches.

La Corte Suprema acogió el 4 de este mes un recurso presentado por el Observatorio Ciudadano a favor de una comunidad mapuche de la sureña ciudad de Lanco, región de los Ríos, que no fue consultada respecto de la construcción de un vertedero cerca de sus hogares, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor desde 2009.

Por otra parte, la Fundación Anide y la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Infancia y Juventud de Chile están preparando el informe que presentarán en la audiencia temática que les concedió la Comisión durante su próximo periodo de sesiones en marzo en su sede de Washington.

En la ocasión, relevarán el "patrón sistemático" de violencia policial contra comunidades mapuches, que afecta de manera importante a los niños, niñas y adolescentes de esa etnia, dijo a IPS Andrea Iglesis, psicóloga de la no gubernamental Anide. Ellos "han sido víctimas de lesiones por balines, intoxicaciones por gases lacrimógenos, hostigamientos en sus escuelas y testigos de amenazas de violencia", aseguró.

Ambas instituciones lanzaron una campaña ciudadana el 10 de diciembre para denunciar las vulneraciones de derechos a las que están sometidos tres jóvenes indígenas mapuches procesados por ley antiterrorista cuando eran menores de edad. Ellos se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Internación Provisoria de Chol-Chol, sureña región de la Araucanía, del gubernamental Servicio Nacional de Menores (Sename).

Las organizaciones piden que los jóvenes sean liberados tomando en cuenta que el 8 de octubre se publicó una reforma a la ley antiterrorista que determina que esa severa normativa no puede aplicarse a adolescentes. El 19 de este mes se realizará una visita masiva de organizaciones de derechos humanos a la cárcel donde están alojados preventivamente los jóvenes "para constatar en conjunto en qué situación se encuentran y cuáles son las garantías que están primando en este caso", indicó Iglesis.

"La judicialización y criminalización de personas, comunidades y organizaciones que defienden sus derechos está siendo considerada cada vez más como la estrategia que los sectores en el poder se han propuesto institucionalizar", dijo a IPS Milka Castro, directora del Programa de Estudios de Antropología Jurídica e Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad de Chile.

Con ello se busca "acallar las demandas que, siendo legítimas, no son compatibles con el modelo productivo, extractivo y exportador del Estado, y lo más inquietante es que no es una política aislada, sino se viene produciendo en todo el continente", acotó.

En una columna publicada a comienzos de este mes en el diario La Tercera, el asesor presidencial Sebastián Donoso sostuvo que el "actual gobierno asumió con la convicción de que las políticas públicas hacia los pueblos indígenas requerían un golpe de timón y que se hacía urgente recomponer las confianzas".

Donoso, el experto para Asuntos Indígenas del gobierno, aseguró que se han dado pasos significativos en cinco ejes de trabajo: fomento cultural, perfeccionamiento de los mecanismos de entrega de tierras y desarrollo productivo, reestructuración de la institucionalidad, instalación de procesos efectivos de participación y adopción de un enfoque integral de desarrollo.

Vía | Azkintuwe

En Temuco conmemoran 3 años del crimen policial de Matías Catrileo


Familiares y amigos del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada (23 años), conmemoraron hoy en la capital del País Mapuche los 3 años de la muerte del joven, producto del disparo hecho por el cabo de Carabineros Walter Ramírez, durante un violento desalojo en el Fundo Santa Margarita, en la zona de Vilcún. Tras una marcha por el centro de Temuko, a la que asistieron cerca de 200 personas, se realizó un Lleyipun, ceremonia religiosa mapuche, frente a la tumba de Catrileo, en el cementerio Parque del Sendero local.

En la ocasión, la hermana del estudiante criticó las condenas de tres y dos años de libertad vigilada con que la Corte Marcial y el Tribunal Militar de Valdivia, respectivamente, sentenciaron al Cabo Ramírez.

“Algo esperado, igual, que el alto mando proteja a alguien de sus filas. Y comprueba nuevamente que Carabineros de Chile está al servicio de quienes les pagan y se van a encargar, entonces, de castigar a todos los mapuches que estén luchando por recuperar sus tierras”, dijo Catalina Catrileo a radio Bío-Bío.

Cabe recordar que la mañana del 3 de enero de 2008 Catrileo (23), quien cursaba estudios de agronomía en la Universidad de La Frontera, participaba de una movilización simbólica de recuperación de tierras al interior del fundo Santa Margarita, reivindicadas por la comunidad Yeupeko en la comuna de Vilcún. Al momento del desalojo recibió un mortal disparo por la espalda de manos del Cabo 2do de Fuerzas Especiales de Carabineros, Walter Ramírez Inostroza.

La conclusión tras la investigación del Fiscal Militar de Temuko, fue de condenar a Ramírez a 10 años de presidio efectivo. Sin embargo, en agosto del 2010 la Corte Marcial resolvió, por cuatro votos contra uno, condenar a tres años y un día al cabo Ramírez. Pese a estar acreditada su responsabilidad y existir sentencia en su contra, Ramírez sigue en servicio activo en Puerto Aysén, donde cumple funciones en la Central de Comunicaciones desde el 16 de agosto de 2008, datos que fueron corroborados por el general Jefe de Zona de Aysén, Jorge Rojas, según informó el Diputado (PPD), René Alinco.

“Este señor Walter Ramírez Inostroza, cabo segundo de carabineros, fue encontrado culpable, condenado alrededor de tres años, por lo tanto, me parece totalmente irracional que un asesino esté prestando servicios en una repartición de Carabineros de Chile”, sostuvo Alinco a un medio radial.

Por otra parte, la Corte Suprema aún no resuelve un recurso de casación presentado por la familia del asesinado estudiante mapuche, luego que los fallos de la justicia castrense fueran indulgentes con el Carabinero que lo mató. La aplicación de la ley de fuga que fue parte de la defensa del oficial de Carabineros, sería lo improcedente de la causa, que es el argumento que en parte fundamenta el recurso de casación.

Mónica Quezada, madre del joven asesinado, sostuvo que “el recurso busca llevar hasta las últimas instancias, la responsabilidad del asesino de mi hijo”. Aunque reconoció escepticismo por una verdadera justicia en Chile, acotó que “hacemos todo lo que es necesario hacer, pero no esperamos nada en particular”.

A través de una declaración de prensa, el Observatorio Ciudadano demandó poner fin a la impunidad que ha rodeado el caso. "Instamos a la Corte Suprema a acoger la casación presentada por la familia de Matías Catrileo como forma de hacer justicia frente a este crimen. Instamos además a la pronta reforma del Código de Justicia Militar para que delitos como éste, cometidos por efectivos policiales en contra de civiles, sean de competencia de justicia ordinaria y no de justicia militar", señaló la entidad.

"Finalmente, instamos a las autoridades de carabineros y a las autoridades civiles de las que dependen, a adoptar medidas administrativas para sancionar a funcionarios policiales que hacen uso abusivo de la fuerza pública, única forma de garantizar que este tipo de hechos y los que hemos seguido conociendo en las últimas semanas, no se vuelvan a repetir", subrayaron.

Vía | azkintuwe.org

La presencia de extranjeros no comunitarios en España baja un 6,5% en 2010

Un obrero inmigrante

El número de extranjeros no comunitarios con autorización de residencia bajó casi un 6,5% en España en los nueve primeros meses de 2010, especialmente en Madrid (-13,51%) y en la Comunidad Valenciana (-9,0%), hasta situarse en los 2.395.704. Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo, hasta el 30 de septiembre de 2010 había en el país un 6,49% menos de extranjeros extracomunitarios que a primeros de año. De ellos, 1.301.043 son hombres -un 6,9% menos que a 31 de diciembre de 2009- y 1.094.601 son mujeres -el 5,66% menos-. Por comunidad autónoma de residencia, Cataluña, Madrid y Andalucía agrupan al 56,49% de los extranjeros del régimen general con autorización de residencia en vigor. Sumando residentes comunitarios y no comunitarios, los extranjeros en España son 4,7 millones de personas a fecha de 30 de septiembre de 2010.

A nivel provincial, Barcelona es la que acoge el mayor número de extranjeros extracomunitarios (465.828, un 19,45% del total), seguida de Madrid (437.540), y ocho provincias de la costa mediterránea: Murcia, Alicante, Valencia, Girona, Baleares, Tarragona, Málaga y Almería. Junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, este tipo de autorizaciones bajó más en Baleares, con 8,43% menos que a comienzos de año, y Cataluña, con el -6,52%. Sin embargo, creció su número en Ceuta y Melilla, con repuntes del 12,61 y del 16,60%, respectivamente, así como en el País Vasco (3,85 por ciento), Extremadura (2,55%). También aumentaron en Cantabria y Castilla y León, pero en términos inferiores.

Crece el paro entre inmigrantes

El 44,22% de los extranjeros del régimen general proceden de Iberoamérica, seguidos de los nacionales de África (39,0%), aunque, por países, Marruecos encabeza la lista de emisores, con 728.234 personas con autorización de residencia en vigor, por delante de Ecuador, con 343.797. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de extranjeros con autorización de trabajo por cuenta ajena son Galicia (33,57%), Cantabria (30,24%) y Asturias (28,90%). Mientras tanto, los mayores porcentajes de autorizaciones de trabajo por cuenta propia se dan en Galicia y País Vasco, donde son superiores al 0,70%, y las mayores proporciones de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar se encuentran en La Rioja (15,94%). El régimen general es el régimen jurídico de extranjería de los nacionales de terceros países, salvo que les sea de aplicación el régimen comunitario por ser familiares de ciudadanos comunitarios.

De acuerdo con el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 30 de septiembre de 2010 había 2.358.798 extranjeros comunitarios con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, lo que supone un 5,81% más que a comienzos de año. Todas las autonomías aumentaron su número de extranjeros del régimen general, y cuatro de ellas -Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía- agrupan hasta el 63,19% de ellos. Extremadura, con una subida del 9,80% en los primeros nueve meses de 2010, es la comunidad donde más crecieron estas autorizaciones, seguida de Navarra, con el 7,61%; Baleares, con el 7,48%, y Cataluña, con el 7,43%.

En comparación con el 30 de septiembre de 2009, Trabajo destaca el descenso del 14,66% en el número de nacionales de Argentina. Sin embargo, en el mismo periodo, Italia (13,94%), Rumania (12,20%), Brasil (10,86%), Bulgaria (10,74%) y Ecuador (10,59%) han incrementado su población registrada en España en más del 10%. Rumanía es el país predominante por nacionalidades, con 817.460 personas, que se traduce en un porcentaje de 34,66% del total, seguido del Reino Unido, con 228.108 personas, e Italia, con 167.402.

Por otro lado, las remesas que los inmigrantes que trabajan en España enviaron a sus países de origen sumaron 1.955 millones de euros durante el tercer trimestre de 2010, lo que significa un 3,5% más con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, cuando las remesas alcanzaron los 1.889 millones, según los últimos datos del Banco de España. La cifra registrada en el tercer trimestre del pasado año también se incrementó en comparación con el periodo que va de abril a junio, un 11,3% más, cuando se enviaron desde España 1.757 millones.

El envío de remesas empezó a descender en tasa interanual en el segundo trimestre de 2008 y se ha mantenido a la baja hasta los últimos meses de 2009, lo que pone de manifiesto el impacto de la crisis y del incremento del desempleo entre la población extranjera durante los dos últimos años. El desempleo entre los extranjeros aumentó en 13.260 personas en noviembre, un 2,2% respecto a octubre, hasta situar el total de inmigrantes en paro en 606.326 personas. En el último año, el desempleo entre la población foránea se ha incrementado en 55.020 personas, un 10%. Hasta finales de 2007, la llegada creciente de inmigrantes había permitido una evolución positiva de las remesas. Así, desde 2002 las estadísticas reflejaban que las remesas de inmigrantes habían ido creciendo de forma paulatina desde entonces. Según las cifras de la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en 2002 las remesas representaron 2.844 millones de euros, cifra que ascendió en 2003 a 3.475 millones, en 2004 a 4.189 millones, en 2005 a 4.936 millones, hasta los 7.059 millones en 2006 y hasta los 8.445 millones en 2007. Esta tendencia se truncó en 2008, con una caída del 7,1% y se ha mantenido en 2009, con un descenso del 9,7%.

Comunidades mapuches de Melipeuco presentaron rechazo a licitación de explotación geotérmica



Mediante documento, diversas comunidades mapuches de Melipeuco argumentaron su oposición a concesiones de exploración geotérmica “Newen” (15.000 hectáreas) y “Sollipulli” (44.000 hectáreas) en la Provincia de Cautín, País Mapuche, pues señalan que éstas tendrán un gran impacto en sus comunidades y además no han sido consultados de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el año recien pasado.

Cabe señalar que el 1 de septiembre el Ministerio de Energía abrió un proceso de licitación pública para concesiones de exploración de energía geotérmica en 21 áreas del país, entre ellas, las concesiones “Newen” (15.000 hectáreas) y “Sollipulli” (44.000 hectáreas), ubicadas en la Provincia de Cautín, a las que se oponen comunidades que presentaron el pasado miércoles un documento en el que argumentan su posición.


Dirigentes de las comunidades mapuche Juan José Ayenao (Santa María de Llaima); Antonio Huilipán (Santa María de Llaima); Juan Caniulaf (Huallerupe); Andrés Huenupi (Lifko); Huenchullan (Lifko); Cayuman Painenao (Lifko) y el Consejo Comunitario de Melipeuco hicieron entrega de una carta y antecedentes al Coordinador General de Políticas Mineras en la IX Región de la Araucanía.

De acuerdo a las comunidades, la principal razón de su oposición se debe a que las áreas licitadas corresponden a territorios ancestrales habitados por diversas comunidades mapuche, y emplazados en zonas de gran belleza natural y escénica. El área “Sollipulli” incluso se superpone a una zona protegida por el Estado, ya que comprende gran parte de la Reserva Nacional Villarrica, resguardada por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). Además sostienen no haber sido consultados de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado chileno.

Como aclara Carlos Allenao, werken de la comunidad Juan José Allenao del territorio Santa María de Llaima, su rechazo se debe a que “los proyectos geotérmicos que se están licitando en nuestra comuna pueden afectar culturalmente a nuestras comunidades; además estas licitaciones se han hecho sin consulta, no se ha respetado el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración sobre los Derechos de los pueblos indígenas de la ONU”, argumenta.

En la misma línea, Irene Romero, presidenta del Territorio Lifko de la comuna de Melipeuco, que agrupa a 18 comunidades, expresó su preocupación por las consecuencias negativas que trae consigo la posible construcción de estos megaproyectos geotérmicos, donde “los principales daños tienen que ver con la biodiversidad del lugar. Pero nos hemos dado cuenta que la ley de minería sobrepasa todas las leyes, incluido el Convenio 169 de la OIT”, indicó Romero.

Mientras que Jaime Huenupi Ovando, presidente de la comunidad Juan Huenupi, recordó que la construcción de este megaproyecto también impacta sobre áreas protegidas, “emplazadas en el Parque Nacional Villarrica”. Agregando que en estos casos “siempre se le da prioridad a las grandes empresas en desmedro de las comunidades mapuche que se van empobreciendo cada vez más”, y que la supuesta falta energética es para alimentar estas empresas, pues “la ciudadanía es la que menos ocupa energía, la mayor parte va para las empresas mineras del norte”, concluyó.

Camilo Aguas desde la cárcel: "Me siento un preso político, porque soy mapuche"


Este miércoles Camilo Aguas (21) cumple tres meses en prisión preventiva. El joven mapuche-huilliche está procesado por maltrato de obra a carabineros, hecho ocurrido el 29 de septiembre según la fiscalía militar. Aquel día un centenar de mapuches y simpatizantes de la causa indígena marcharon más de 30 kilómetros desde San Juan de la Costa hacia el centro de Osorno.
La caminata se prolongó por dos días y tuvo como finalidad apoyar a los presos políticos que en ese entonces asumían una huelga de hambre en rechazo a la Ley Antiterrorista. Una vez en la Gobernación Provincial, el joven oriundo de Quillipulli fue detenido junto a otros ocho manifestantes tras los incidentes protagonizados con fuerzas especiales de Carabineros.

Todos fueron formalizados por daños y dejados en libertad. Sin embargo Aguas fue retenido y derivado desde el Centro de Justicia hasta la Fiscalía Militar donde lo esperaba el fiscal José Manuel Baquedano. Ahí se enteró que estaba procesado por la agresión que sufrió el cabo Enrique Sandoval Delgado durante los incidentes. El uniformado resultó con un dedo de su mano derecha fracturado, y según dan cuenta los antecedentes de la causa, Aguas sería el autor del golpe.

Desde la cárcel


Acusación que desde la cárcel de Osorno el joven mapuche desmiente tajantemente. "El proceso ha sido poco transparente. No existe ninguna prueba fehaciente que acredite que yo golpeé al carabinero", dice, agregando que su encarcelamiento obedece a un "montaje". Camilo Aguas, el joven que se crió sin sus padres en la costera localidad de Quillipulli, a 50 kilómetros de Osorno, accedió a responder las preguntas desde su celda.

Habla del proceso judicial, lo que significan las demandas territoriales no resueltas del mundo mapuche y de estos 90 días que ha estado privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de calle Amthauer.

- Lo acusan de agredir a un carabinero durante los incidentes del 29 de septiembre, luego de la marcha en apoyo a los presos mapuches. ¿Qué pasó exactamente ese día en la Gobernación? 


El 29 de septiembre culmina la marcha histórica por la vida y la dignidad del pueblo-nación mapuche. Efectivamente participé de la movilización, pero quiero dejar en claro a la sociedad civil que mi injusta detención es un montaje político y racista. Aquí se está persiguiendo una idea. Y esa idea es la liberación colectiva de nuestro pueblo. El 29 de septiembre en la Gobernación Provincial hubo represión desde las fuerzas policiales hacia los comuneros mapuches. Nuestra gente sólo se defendió para evitar ser agredida.

- ¿Cómo define su detención?


Me siento un preso político, porque soy mapuche y formo parte de un movimiento político que exige la devolución del territorio ancestral. Del mismo modo mi detención se originó en una manifestación de carácter política que exigía la derogación de la Ley Antiterrorista, desmilitarización de las comunidades mapuches, libertad a los presos políticos mapuches y juicios justos a los hermanos encarcelados. Por lo tanto el Estado chileno no puede desconocer nuestra justa lucha.
Estoy claro que me encuentro detenido por una lucha ancestral, esa misma lucha que hicieron nuestros kuifikeche (antepasados) para permanecer dignamente dentro de nuestro territorio. Ser un preso político conlleva responsabilidad. Significa mantenerse firme y alerta a los procesos de inversión económica transnacional en nuestro territorio, significa crecer humanamente y cada vez entregarse con un mayor compromiso a nuestro pueblo.

Proceso judicial

Como resultado del enfrentamiento del 29 de septiembre, la comunera mapuche Agni Rojas perdió la visión de su ojo derecho. Acusa haber recibido un golpe de un carabinero. Sin embargo su testimonio no fue acreditado por la Policía de Investigaciones tras la orden de investigar emanada por el fiscal militar, José Manuel Baquedano.

Por esta razón la comunera de Río Bueno estampó una querella por torturas en contra de quienes resulten responsables en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Asegura que cuando estaba hospitalizada en el Hospital Base habría sido obligada por dos funcionarias policiales a firmar un documento donde inculpaba a Camilo Aguas de la agresión. Rojas no firmó, pese a estar convaleciente.

- ¿Qué le parece la acusación de Agni Rojas y de todo el proceso que Fiscalía Militar ha llevado en su contra? 

Ella me vino a visitar para contarme la situación de extorsión que estaba viviendo por parte de la Policía de Investigaciones. No es de extrañar que el sistema policial utilice estos métodos para limpiar sus acciones, ya que existen un sinnúmero de montajes que pretenden responsabilizar a nuestro pueblo de acciones violentas. El proceso que se ha desarrollado en mi contra por la Fiscalía Militar ha sido poco trasparente, ya que no cuentan con ninguna prueba fehaciente que me responsabilice de los hechos investigados.
Hoy me acusan de haber golpeado en la mano a un carabinero, pero ellos como institución han asesinado a 3 weichafes (guerreros) en nuestro propio territorio (Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio). ¿Qué ha sucedido con los carabineros que han asesinado? ¿Existe justicia igualitaria para nuestro pueblo? Si hasta la propia PDI ha reconocido que el asesinato de Jaime Mendoza Collio fue un montaje de Carabineros.

- ¿Qué ha significado la cárcel para usted? 


Es un medio creado por el Estado chileno para ocultar los profundos problemas sociales. En el caso mapuche, la cárcel busca amedrentar y la disuasión del movimiento mapuche y su proyección futura.

 ¿Quiénes lo apoyan?


He recibido apoyo del movimiento mapuche a nivel regional, nacional e internacional y de simpatizantes de la causa mapuche que entienden la problemática y la justa lucha que nuestro pueblo ha levantado contra el sistema económico transnacional.

Esta semana la Corte Marcial con asiento en Santiago resolverá la petición de libertad para Camilo Aguas, la misma que ya denegó en una oportunidad. El comunero espera -esta vez- un fallo favorable que le permita regresar a Quillipulli, tras la solicitud realizada en Fiscalía Militar por su nuevo abogado, José Quirilao.

Carabineros dispara al rostro de manifestantes y quema bandera Rapanui en Isla de Pascua

Se veía venir. La violencia estatal se hizo sentir y con excesiva fuerza hoy viernes en Rapanui. Cerca de las seis de la mañana alrededor de 45 efectivos policiales de fuerzas especiales irrumpieron en la propiedad que el clan Tuko Tuki había recuperado en el centro de Hanga Roa, capital de la isla. “Entraron disparando balas al aire y golpeando con sus fusiles a las personas que a esa hora dormían”, señalan mediante un comunicado los familiares.
De nada sirvió que Claudio Tuki les haya mostrado una notificación realizada al Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, con sede en Washington), enviada el 3 de noviembre, en la que conmina a fundamentar los argumentos que tiene para realizar desalojos en terrenos ancestrales de los Rapanui recientemente recuperados.

Carabineros ingresó golpeando a hombres y mujeres con extrema violencia en momentos que la familia Tuko Tuki dormía. Manuel Riroroco fue herido por un golpe de escopeta en su cabeza perdiendo gran cantidad de sangre. Primero detuvieron a tres miembros del clan Tuko Tuki, Roberto Ika Pakarati, Verena Ika Pakarati y Margarita Pakarati Tuki, que habían sido formalizados el 2 de diciembre recién pasado por el juez de letras de Isla de Pascua, Bernardo Toro, en el contexto de un proceso judicial por amenazas y violación de morada con intimidación, que es conducido por el fiscal especial, Guillermo Felipe Merino. Además de ellos fue detenido Ricardo Hito, todos fueron llevados a la Sexta Comisaría de Mataveri.
“Ellos estaban durmiendo cuando ingresó Carabineros y con golpes de bastones, los empezaron a sacar a golpes, con balines”, dijo a Radio Cooperativa Marisol Hito, vocera del clan Hito, una de las familias que han liderado las reivindicaciones de terrenos en la isla. A Radio Bío Bío, Ina Araki, sobrina de Leviante Araki, Presidente del Parlamento Rapa Nui, reveló que éste tiene “un perdigón en el estómago y en su espalda, por el lado del riñón, tiene otro”. Araki habría sido estrangulado y golpeado en el suelo por cuatro carabineros, denunciaron desde la isla. De acuerdo a la versión de Ina, participaron en el desalojo no sólo personal de Carabineros, sino también efectivos de la PDI y de la Armada.

Una vez que terminó el violento operativo, Carabineros sacó las banderas del Pueblo Rapanui que flanqueaban la propiedad en disputa y procedió a quemarlas. Similar situación se había dado el pasado 7 de septiembre cuando desalojaron momentáneamente el Hotel Hanga Roa. Dos horas después del episodio, cerca de 25 rapanui volvieron al lugar, siendo recibidos con disparos de escopetas antimotines por carabineros. Ricardo Tepano (algo más de treinta años) es el más grave. Recibió numerosos perdigones en el rostro. Uno de ellos ingresó por un ojo desvaneciéndose inmediatamente. A dos horas de ocurrido los hechos no recuperaba la conciencia”, señala la misiva enviada desde la isla.
Araki señaló que el desalojo fue aún más violento que el del hotel de los Schiess, cuyos terrenos estaban ocupados por la familia Hito. “Esa vez llegaron muchos carabineros, también con harto policía (…) parecían tortugas ninja con sus ametralladoras, casos, uniformes. Se llevaron detenidas a guaguas, niños, a todas las personas que estaban ahí”, recordó Araki. Según Marisol Hito, el desalojo de este viernes refleja que el ambiente esta “demasiado crítico en la isla, la gente está con mucha ira”. Araki complementó señalando que tras los incidentes principales, continuaban los choques. “Hasta hace como una hora atrás todavía seguían los enfrentamientos, las policías disparando para arriba para abajo, para todos lados. Es el centro del centro de la isla, está el banco el juzgado, las ferias, y ahí fue este problema”, añadió.
De acuerdo a relato de los familiares que visitaron el número de heridos sería de 10 comuneros rapanui, varios de ellos en estado grave: Leviante Araki Tepano (presidente del Parlamento Rapa Nui) estado grave, está siendo operado, tiene perdigones de acero en su espalda y cuerpo; Gaspar Tepihe, 11 perdigones de acero en su pierna estado grave; Ricardo Tepano, pérdida total de su ojo, estado grave; Angela Tuki Atan, 6 perdigones, estado grave; Roberto Carlos Ika, golpe de culata en la cabeza y fractura de pie, estado grave; Juan Tuki Atan, 4 perdigones de acero en el cuerpo;  Rodrigo Hey Arake, 1 perdigón en la cabeza y 5 en el hombro; Maori Pakarati, 6 perdigones; Edith Atan un perdigón en la cabeza; Benjamin Cardinali, herido leve.
En las últimas horas, tres rapanui debieron ser trasladados al continente en un vuelo comercial, a causa de sus graves lesiones.

Responsabilidad estatal


El vocero del clan Tuko Tuki, Muta Hey Tuki, sostuvo que “lo que ocurre aquí es por culpa del Gobierno, por no querer resolver los problemas por medio del diálogo directo con las familias. Aquí hay un conflicto entre el pueblo rapanui y el Estado de Chile”. La vocera del Clan Hito, Marisol Hito, responsabilizó al ministro del interior Rodrigo Hinzpeter de lo ocurrido. Ella sostuvo que, “aquí lo que se imponía era una solución política, basada en el diálogo y en el respeto de los derechos rapanui. No en la violencia”. Apuntó quee los instigadores de esta violencia son un grupo de empresarios y ex autoridades locales que no quieren perder su cuota de poder.

Por su parte Muta Hey sostuvo que su familia y el pueblo Rapanui quieren una solución pacífica, basada en el diálogo y en la restitución de tierras. Pero asegura que “el pueblo Rapanui está unido y responderá como un solo cuerpo en caso de ser agredido”. Cabe tener presente que los Tuko Tuki poseen 5,5 hectáreas de tierras en el centro cívico de Hanga Roa. Allí se ubica la Gobernación, la Municipalidad, gran parte de las otras oficinas estatales así como el Banco Estado y la compañía de telécomunicaciones, Entel. Estas empresas, al igual que el fisco, no pagan por el uso de estos terrenos de los Tuko Tuki.

Existen numerosos planos y documentos emanados por la Armada de Chile –cuando no había Conservador de Bienes Raíces- que acreditan la propiedad de esta familia respecto de estos terrenos. Las recuperaciones de los Tuko Tuki y de los Hito (Hotel Hanga Roa), son las más emblemáticas por lo valioso y estratégico de los terrenos en disputa. El clan Tuko Tuki cuenta con el respaldo de los 28 clanes, así como del Parlamento Rapa Nui. La organización no gubernamental de derechos humanos Observatorio Ciudadano, rechazó la acción de violencia policial y anunció que ingresará a primera de este lunes, un reclamo formal ante el Relator de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya.
Rechazo de Parlamentarios
El presidente de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), Senador Juan Pablo Letelier, calificó la represión policial en la colonia chilena en la Polinesia como “un hecho sumamente grave y que desata un conflicto de grandes proporciones (…) Han generado un conflicto de proporciones, porque no olvidemos que hay una política que puede ser interpretada como una violación sistemática a los derechos humanos. Esta política represiva es inaceptable”, dijo.
El parlamentario se trasladó durante la tarde hasta La Moneda con fotografías de isleños lesionados, para dar testimonio gráfico del acto represivo en la Isla de Pascua. "Ha habido un uso de una fuerza absolutamente desproporcionada, donde llegó un fiscal entiendo de Valparaíso, para ordenar una situación en medio de un contexto donde han habido mesas de diálogo, conversaciones", agregó. El legislador no encontró en su oficina al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, pero sí en el patio de Palacio, donde sostuvo una breve conversación.

"El ministro va a tomar nota de la información, él ha manifestado que era una situación evidentemente compleja", comentó Letelier, quien en una carta dirigida al jefe de gabinete lo insta a instruir a las fuerzas policiales a respetar la integridad de las personas y los derechos de los pueblos originarios. Letelier anunció que viajará este fin de semana a la isla para investigar en detalle "cómo se generó esta situación y, si es necesario, en mi calidad de senador y también como presidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, vamos a estudiar las acciones legales que se deben tomar para poner freno a este acto represivo, esta ola represiva".
Por su parte, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro anunció que solicitará a la Fiscalía Militar que investigue el actuar represivo que denunciaron los habitantes de la isla. A juicio del parlamentario este es un hecho de mucha gravedad de consecuencias impredecibles, y que en lugar de acercar posiciones entre el Estado de Chile y los pascuenses, lo que va a lograr es que se acentuará la posición que busca la autonomía territorial de Rapa Nui. "Por eso pediremos que sea un fiscal militar quien se constituya e investigue el procedimiento implementado, así como las responsabilidades que existan sobre todo si se comprueban la gravedad de las lesiones", aseveró Navarro.

El parlamentario señaló que "tal como les ocurrió a los hijos del lonko Curinao y el ñizol lonko Catrillanca, de Weñako Mellado y Temucuicui, respectivamente, que perdieron ambos un ojo por sendos balazos policiales en un operativo, nuevamente los Carabineros disparan a la cara, ahora de los Rapa Nui. Esta es una acción cobarde y vergonzante, que mancha la imagen institucional de Carabineros. Desde el Congreso les pediremos cuentas". El legislador del MAS hizo un llamado al gobierno a no tratar a los Rapa Nui como trata a los mapuches. "No queremos que se repita el caso de Alex Lemun, de Mendoza Collío, de Juan Collihuín, y de otros mapuches asesinados por la policía", sentenció. 

Vía | Azkintuwe.org