Asamblea ciudadana de Magallanes oficializa paro total de actividades y Gobierno responde con amenazas

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Ante la rígida postura de las autoridades del Gobierno, que ayer reconfirmaron su intención de subir el precio del gas en un 16,8% en la región magallánica, la Asamblea Ciudadana comunicó el inicio de una paralización indefinida con cierre de las rutas de acceso más importantes.

Luego de que el ministro Rodrigo Hinzpeter otorgara su respaldo a la iniciativa de Enap (Empresa Nacional del Petróleo) de aumentar en un 16,8% el precio del gas en la Región de Magallanes, los manifestantes de la zona decidieron concretar sus intenciones de paralizar de forma oficial la actividad laboral y el acceso a las diversas rutas que conectan a la ciudad con el aeropuerto y otros sectores turísticos.

Según declaró José Hernández, vocero de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, a Radio Cooperativa, “el martes, a la amanecida del miércoles se hace la paralización general”. Hernández llamó a la participación a los diversos actores de la sociedad civil, aclarando que es rol de todos fortalecer el movimiento para lograr revertir la decisión del Gobierno.

El contrato firmado entre Enap y Gasco ha provocado el descontento colectivo de los magallánicos, que en los últimos días se han movilizado activamente para rechazar el aumento en el precio de un recurso que, dada las extremas condiciones climáticas que caracterizan al sector, es uno de los más utilizados por sus habitantes.

En este contexto, la diputada DC por Punta Arenas, Carolina Goic, llamó al Presidente de la República a cumplir con una de sus promesas electorales para la región, que consistía precisamente en mantener el precio del gas para los magallánicos. “De usted depende, en sus manos está. La ciudadanía de Magallanes escuchó muy claro al Presidente señalar que podían estar tranquilos, que no iban a cambiar las condiciones”, señaló.

En tanto, el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, defendió el derecho de los habitantes de la zona a ser beneficiados con la mantención del precio del gas, asegurando que están “solicitando un subsidio de 15 millones anuales, la nada misma, y no se lo estamos solicitando a Enap, sino al Estado de Chile, que tiene una obligación con Magallanes”.

Ante los hechos, algunos parlamentarios han manifestado su intención de interpelar al ministro de Energía, Ricardo Raineri, apoyando la iniciativa del independiente Miodrag Mirocevic. La idea, que ya tiene la adhesión de la Democracia Cristiana, lo transformaría en el segundo ministro del Gobierno de Sebastián Piñera en someterse a una interpelación en el Congreso Nacional.

INCREMENTO DEL REFUERZO POLICIAL

Ante la evidente fuerza que ha tomado en los últimos días el movimiento de los magallánicos en contra de la medida anunciada por las autoridades, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que tienen contemplado reforzar el contingente policial para resguardar el “estado de derecho” de la ciudad.

Hinzpeter aludió indirectamente al posible cierre de las rutas de acceso a la ciudad, lo que trae cifras negativas para la economía y el turismo. “Para nosotros, el orden público es un bien que valoramos, y desde esa perspectiva lo vamos a cautelar con las fuerzas públicas que tenemos hoy día en Magallanes, y si es necesario agregar más efectivos, lo vamos a hacer, como lo hemos hecho en otras ocasiones”, declaró.

“No es parte del Estado de derecho y la democracia el alterar la vida normal de las personas que quieren desarrollarla en una determinada región”, expresó el Ministro, en una reunión que contó con la presencia de Raineri y del titular de Minería, Laurence Golborne.

Por Vanessa Vargas Rojas

Fotografías: María Ignacia Jutronic

Vía | ElCiudadano

11 ene 2011 by Nacho · 0 comentarios

Teletón post terremoto: ¿Y qué fue de los fondos recaudados?

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Quisimos saber qué fue de los más de 45 mil millones de pesos obtenidos en la campaña realizada en marzo pasado en pos de la reconstrucción de Chile tras el terremoto. (Reportaje escrito a fines de noviembre de 2010)

45 mil millones de pesos fue la meta final que logró cumplir la Teletón “Chile ayuda a Chile”, realizada entre los días 5 y 6 de marzo de 2010, que tenía como misión aportar para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero.

En un principio, como parte de la convocatoria, participaron cinco fundaciones: Teletón, Un Techo para Chile, Caritas, Hogar de Cristo y Superación de la Pobreza que, uniendo fuerzas, harían un gran evento para canalizar los fondos y especies recaudadas. Sin embargo, sólo las dos primeras recibieron los fondos y las otras tres sólo canalizaron la entrega de las donaciones en especies.

María José Rubio, Jefa de Comunicación Estratégica de Fundación para la Superación de la Pobreza, sostiene que no obtuvieron “dineros de la campaña, sino que desplegamos voluntarios de nuestro programa Servicio País en más de 20 localidades, entre la VI y VIII regiones para apoyar la reconstrucción social, material y productiva, pero sin dineros asociados”.

En tanto, el Hogar de Cristo y Caritas se hicieron cargo de la distribución de más de 360 toneladas de ropa y alimentos que fueron entregados en más de 30 localidades azotadas por el terremoto y el tsunami. Para esa tarea, tampoco habría una gran cantidad de dineros asociados.

Con una abultada cifra en la cuenta de los Bancos de Chile y Santander, Fundación Teletón y Un Techo para Chile desarrollarían la tarea inicial de construir 20 mil viviendas de emergencia y reparar o reconstruir un centenar de establecimientos educaciones en las zonas afectadas.

Así, Un Techo para Chile recibió 15 mil millones de pesos, los cuales canalizó en la construcción 23.886 viviendas. Según datos entregados por la Fundación en los informes de auditoría realizados por la empresa Deloitte, la entidad gastó estos dineros en la compra de los materiales de construcción, transporte y logística; alojamiento y comida para el voluntariado; gastos administrativos, y operacionales e incluso, según lo detallado en los informes, los dineros dieron una utilidad bancaria de 1.370 millones 953 mil pesos que, según informaron, les alcanzó para construir 38 mil viviendas más.

Las construcciones se realizaron entre marzo y mayo entre las regiones V y VIII, incluyendo a la Metropolitana, con participación de más de 85 mil voluntarios.

Aquí es donde surgieron los inconvenientes, ya que pese a haber desplegado una importante red de voluntarios y de materiales, hubo muchos municipios y organizaciones de pobladores que reclamaron que las mediaguas no llegaban o que faltaba mano de obra para su construcción.

Casos como el de la comuna de San Javier, donde el alcalde devolvió 20 mediaguas por estar en malas condiciones, en Hualpén se acusó al alcalde de entregar viviendas de emergencia a dirigentes amigos en desmedro de personas que sí las necesitaban, como también los casos de Chillán y Tomé donde pasaban los meses y ninguna mediagua era construida en la zona.

A esto se suma el grave retraso que existe en la reconstrucción total del país a manos del Gobierno, que aún no ejecuta la totalidad de los proyectos prometidos en las zonas del desastre.

ESCUELAS PARA CHILE

En el caso de la Teletón, la institución recibió más de 30 mil millones de pesos. El destino de estos dineros los derivó en la creación del programa Escuelas para Chile, iniciativa que tiene como fin reparar y construir establecimientos educacionales de emergencia y definitivos. Su directorio está compuesto por Lázaro Calderón, dueño de Ripley; Carlos Alberto Délano, actual presidente de Fundación Teletón y dueño del Banco Penta; Ignacio Cueto, socio de LanChile; Eduardo Bitrán, ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Michelle Bachelet, y Eugenio Silva, designado Director de la Fundación Escuelas para Chile, entre otros.

Escuelas para Chile desarrolla cinco programas graduales que van desde los apoyos inmediatos en la construcción de establecimientos modulares de emergencia, dada la gravedad del daño en los edificios, hasta reconstrucciones extendidas, que implicaron un reconstrucción total de las edificaciones, incluyendo el apoyo a iniciativas de restauración de edificios emblemáticos de la Región Metropolitana, como el Liceo Cervantes, Liceo Insuco, Internado Nacional Barros Arana, Liceo Manuel Barros Borgoño, entre otros.

Según los informes de cuenta pública de esta institución, se realizó un catastro entre las regiones Metropolitana y VIII para conocer el estado de las escuelas y el tipo de reparación que necesitarían. A su vez, se invitó a los alcaldes para presentar proyectos de reparación y reconstrucción.

De acuerdo al informe entregado con fecha 30 de septiembre, se han gastado 14.441.995.000 (más de 14 mil millones de pesos) en la reconstrucción de más de 250 escuelas, quedando en etapa de estudio y ejecución más de 15 mil millones de pesos, cuando ya va a acabar el año académico.

EN LA VOZ DE LOS MUNICIPIOS

Pese a la entrega de 25 establecimientos, en promedio mensual, existen voces disonantes frente a la ejecución de estos programas.

El secretario Municipal de Pelluhue, Guido Hernández, dice que el municipio no ha recibido a la fecha ayuda alguna de parte de la Teletón. Es más, hace alusión a una promesa que realizó la Comunidad Judía durante la jornada solidaria, quienes comprometieron ayuda económica cercana a los 400 millones de pesos que, a la fecha, tampoco han recibido.

Por su parte, el alcalde de Tomé, comuna afectada por el tsunami en la Octava Región, Eduardo Aguilera, narra que la Teletón, en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, solo les donaron una camioneta para socorrer a las familias más afectadas en el balneario de Dichato y aún están a la espera de la entrega de dos establecimientos “modulares” para la comuna.

Aunque reconoce que con el programa Un Techo para Chile se construyeron 1.225 viviendas en su comuna y se implementaron más de 100 hogares de emergencia en la caleta de Coliumo (también en Tomé): “Uno siempre espera más”, dijo Aguilera al ser consultado por el dinero que obtuvieron por la Teletón de marzo.

Aguilera lo que alega principalmente es por el financiamiento gubernamental. “Hemos recibido recursos del Estado que son insuficientes para resolver asuntos sanitarios y de agua”, reclama el edil, quien solicita que les traspasen los 50 millones necesarios para la conexión de la red sanitaria y de alcantarillado de la aldea “Nuevo Amanecer”, de Dichato, por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa, recursos que siguen pendientes luego de nueve meses de ocurrido el terremoto.

En la misma línea se pronuncia el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien manifestó su descontento con el escaso financiamiento entregado para la reconstrucción. Sostiene que hacen falta 10 mil subsidios habitacionales, de los cuales 7.500 serían destinados a reparaciones de viviendas y 2.500 para construcción de nuevas soluciones. El dinero de la Teletón de marzo no ha sido suficiente para que se note un avance en su municipio, y tampoco hay avances derivados de las medidas del actual Gobierno.

Saavedra señala, además, que su municipio amparado en el decreto ley 150, pidió un crédito de más de 450 millones de pesos a entidades financieras para ayudar a su población con la distribución de 150 mil litros de agua diarios a su comunidad, sacar escombros y limpiar el lodo entre otras actividades. Mencionó además que la deuda del municipio ascendió a los 3 mil millones de pesos, y eso lo están haciendo por gestión propia.

Como el proyecto Escuelas para Chile aún está en ejecución, no se puede hacer un balance de la cobertura y efectividad de sus construcciones, dado que todavía existen, en la gran mayoría de los poblados, establecimientos modulares y los municipios esperan la construcción definitiva de los colegios.

Recuadros

ANTECEDENTES DE TELETÓN CHILE AYUDA A CHILE

Han pasado más de nueve meses desde el terremoto que remeció al centro sur del país. El fuerte movimiento que alcanzó los 8,8 en la escala de Richter, no solo provocó el derrumbe de viviendas y edificios, sino también generó un impactante maremoto en las costas de la VII y VIII Región, dejando un saldo de 497 víctimas fatales y más de dos millones de damnificados.

Ante la magnitud de la tragedia, muchas familias quedaron literalmente en la calle -más de 500 mil viviendas quedaron inhabitables-, sin algo para comer o abrigarse. La angustia y el terror generado por las constantes réplicas y el miedo a que el mar volviera a estallar, presentaba un panorama desolador en las zonas afectadas.

No alcanzó a pasar una semana del siniestro cuando el poder mediático comenzó a organizar una Teletón en ayuda de las víctimas, recaudando fondos en ayuda para la reconstrucción. Así que en una jornada de 25 horas, entre los días 5 y 6 de marzo, se realizó “Chile ayuda a Chile” liderada por Don Francisco. Apelando a la unidad nacional, en pos de esta causa, movilizó a gran parte del país, juntó a la todavía presidenta de Michelle Bachelet y al electo Sebastián Piñera, en brindar un solo mensaje de solidaridad.

Amparada bajo el alero de la Fundación Teletón y por la Oritel (Organización Internacional de Teletones), entidad presidida por Mario Kreutzberger -a cargo de la ejecución de las jornadas solidarias-, tenía como misión mostrar las huellas del desastre y apelar una vez más a la solidaridad de los chilenos.

La meta inicial era reunir 15 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas y escuelas en las zonas afectadas, pero al cabo de la jornada se había doblado la cifra: 30 mil millones de pesos, cifra que tres días después alcanzó a más de 45 mil millones de pesos, triplicando la meta.

El desfile de empresas e instituciones ávidas por figurar en la entrega de donaciones no se hizo esperar y a diferencia de las teletones tradicionales, no había marcas predilectas que llamaran a “cooperar comprando los productos”. Aportes en dinero, especies, becas, oportunidades de trabajo, albergues; una serie de ofrecimientos se anunciaron durante esas 25 horas.

Según datos entregados por la Fundación Teletón, de los 45 mil millones, un 44,1% de estos montos fue el aporte de los chilenos de a pie, mientras que un 55,9% correspondió al aporte de empresas.

GASTOS CONSTRUCCIÓN DE MEDIAGUAS

Materiales Mediaguas M$ 12.797.948

Transporte y Logística M$ 1.016.694

Gastos Voluntariado M$ 298.202

Gastos Administrativos M$ 654.647

Otros M$ 232.509

Superávit M$ 1.370.953

TOTAL Proyecto M$ 16.370.953

Fuente: Fundación Un Techo para Chile

*M$: Miles de pesos

GASTOS ESCUELAS PARA CHILE 30/09/2010

Programa Aportes Inmediatos M$ 1.952.864

Programa Soluciones Integrales M$ 12.369.281

Programa Apoyo Iniciativas M$ 119.850

TOTAL Proyecto M$ 14.441.995

Fuente: Escuelas para Chile

*M$: Miles de pesos

Por Claudia Pedreros y David Abrigo

El Ciudadano N°92, primera quincena diciembre 2010

Vía | Elciudadano.cl

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Aluvión de demandas de pueblos indígenas acecha al Estado chileno

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Mientras muchos ya dudan del prometido "golpe de timón" en la criticada política hacia los indígenas en Chile, al gobierno de Sebastián Piñera se le acaba el plazo para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención al reclamo de mapuches presos.

"El desafío para este año es evitar que los tribunales sean los que intervengan, como último recurso, para tratar de solucionar los reclamos tanto de las comunidades indígenas como de los dueños de los predios afectados" por las ocupaciones, dijo a Agencia IPS Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales. "Tiene que ser la autoridad política la que tome cartas en el asunto", sostuvo el abogado.

En este Estado austral con 17 millones de habitantes, son nueve los pueblos indígenas que han sido reconocidos por el Estado, siendo el más numeroso el mapuche, con más de un millón de integrantes. La justicia militar recibió el 6 de este mes una denuncia por violencia policial innecesaria presentada por integrantes del pueblo indígena Rapa Nui, que entre septiembre y diciembre fueron violentamente desalojados por efectivos de carabineros (policía uniformada) de terrenos que reivindican como propios en la Isla de Pascua.

Justamente por este motivo, 29 clanes rapanui solicitaron el 9 de septiembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que adopte medidas cautelares en su favor, petición que se encuentra en estudio.

"Todo esto se da en el marco de un conflicto donde los rapanui reivindican tierras, autogobierno, autodeterminación y control migratorio", dijo a IPS Camila Labra, abogada del no gubernamental Observatorio Ciudadano, que apoya la demanda ante la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos.

La Isla de Pascua, reconocido destino turístico ubicado a unos 3.500 kilómetros de la costa chilena en el océano Pacífico, fue anexada al país en 1888. Sus habitantes, de origen polinesio, amenazan con independizarse de Chile si sus demandas no son atendidas.

"Entre mayor sea la negativa al diálogo por parte de la autoridad, más radicalizadas se van tornando las demandas. A mayor participación y consulta a los pueblos indígenas, menor conflictividad social. Eso es lo que la autoridad debe comprender y ejecutar", planteó Contesse.

Asimismo, se informó que el gobierno chileno tiene plazo hasta comienzos de febrero para responder a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ese organismo en otros casos de violaciones a los derechos humanos contra comuneros mapuches condenados por ley antiterrorista en 2003, entre ellos Pascual Pichún y Aniceto Norín. La estrategia de llevar a la justicia ha permitido algunos pocos triunfos para los mapuches.

La Corte Suprema acogió el 4 de este mes un recurso presentado por el Observatorio Ciudadano a favor de una comunidad mapuche de la sureña ciudad de Lanco, región de los Ríos, que no fue consultada respecto de la construcción de un vertedero cerca de sus hogares, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor desde 2009.

Por otra parte, la Fundación Anide y la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Infancia y Juventud de Chile están preparando el informe que presentarán en la audiencia temática que les concedió la Comisión durante su próximo periodo de sesiones en marzo en su sede de Washington.

En la ocasión, relevarán el "patrón sistemático" de violencia policial contra comunidades mapuches, que afecta de manera importante a los niños, niñas y adolescentes de esa etnia, dijo a IPS Andrea Iglesis, psicóloga de la no gubernamental Anide. Ellos "han sido víctimas de lesiones por balines, intoxicaciones por gases lacrimógenos, hostigamientos en sus escuelas y testigos de amenazas de violencia", aseguró.

Ambas instituciones lanzaron una campaña ciudadana el 10 de diciembre para denunciar las vulneraciones de derechos a las que están sometidos tres jóvenes indígenas mapuches procesados por ley antiterrorista cuando eran menores de edad. Ellos se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Internación Provisoria de Chol-Chol, sureña región de la Araucanía, del gubernamental Servicio Nacional de Menores (Sename).

Las organizaciones piden que los jóvenes sean liberados tomando en cuenta que el 8 de octubre se publicó una reforma a la ley antiterrorista que determina que esa severa normativa no puede aplicarse a adolescentes. El 19 de este mes se realizará una visita masiva de organizaciones de derechos humanos a la cárcel donde están alojados preventivamente los jóvenes "para constatar en conjunto en qué situación se encuentran y cuáles son las garantías que están primando en este caso", indicó Iglesis.

"La judicialización y criminalización de personas, comunidades y organizaciones que defienden sus derechos está siendo considerada cada vez más como la estrategia que los sectores en el poder se han propuesto institucionalizar", dijo a IPS Milka Castro, directora del Programa de Estudios de Antropología Jurídica e Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad de Chile.

Con ello se busca "acallar las demandas que, siendo legítimas, no son compatibles con el modelo productivo, extractivo y exportador del Estado, y lo más inquietante es que no es una política aislada, sino se viene produciendo en todo el continente", acotó.

En una columna publicada a comienzos de este mes en el diario La Tercera, el asesor presidencial Sebastián Donoso sostuvo que el "actual gobierno asumió con la convicción de que las políticas públicas hacia los pueblos indígenas requerían un golpe de timón y que se hacía urgente recomponer las confianzas".

Donoso, el experto para Asuntos Indígenas del gobierno, aseguró que se han dado pasos significativos en cinco ejes de trabajo: fomento cultural, perfeccionamiento de los mecanismos de entrega de tierras y desarrollo productivo, reestructuración de la institucionalidad, instalación de procesos efectivos de participación y adopción de un enfoque integral de desarrollo.

Vía | Azkintuwe

10 ene 2011 by Nacho · 0 comentarios

En Temuco conmemoran 3 años del crimen policial de Matías Catrileo

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Familiares y amigos del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada (23 años), conmemoraron hoy en la capital del País Mapuche los 3 años de la muerte del joven, producto del disparo hecho por el cabo de Carabineros Walter Ramírez, durante un violento desalojo en el Fundo Santa Margarita, en la zona de Vilcún. Tras una marcha por el centro de Temuko, a la que asistieron cerca de 200 personas, se realizó un Lleyipun, ceremonia religiosa mapuche, frente a la tumba de Catrileo, en el cementerio Parque del Sendero local.

En la ocasión, la hermana del estudiante criticó las condenas de tres y dos años de libertad vigilada con que la Corte Marcial y el Tribunal Militar de Valdivia, respectivamente, sentenciaron al Cabo Ramírez.

“Algo esperado, igual, que el alto mando proteja a alguien de sus filas. Y comprueba nuevamente que Carabineros de Chile está al servicio de quienes les pagan y se van a encargar, entonces, de castigar a todos los mapuches que estén luchando por recuperar sus tierras”, dijo Catalina Catrileo a radio Bío-Bío.

Cabe recordar que la mañana del 3 de enero de 2008 Catrileo (23), quien cursaba estudios de agronomía en la Universidad de La Frontera, participaba de una movilización simbólica de recuperación de tierras al interior del fundo Santa Margarita, reivindicadas por la comunidad Yeupeko en la comuna de Vilcún. Al momento del desalojo recibió un mortal disparo por la espalda de manos del Cabo 2do de Fuerzas Especiales de Carabineros, Walter Ramírez Inostroza.

La conclusión tras la investigación del Fiscal Militar de Temuko, fue de condenar a Ramírez a 10 años de presidio efectivo. Sin embargo, en agosto del 2010 la Corte Marcial resolvió, por cuatro votos contra uno, condenar a tres años y un día al cabo Ramírez. Pese a estar acreditada su responsabilidad y existir sentencia en su contra, Ramírez sigue en servicio activo en Puerto Aysén, donde cumple funciones en la Central de Comunicaciones desde el 16 de agosto de 2008, datos que fueron corroborados por el general Jefe de Zona de Aysén, Jorge Rojas, según informó el Diputado (PPD), René Alinco.

“Este señor Walter Ramírez Inostroza, cabo segundo de carabineros, fue encontrado culpable, condenado alrededor de tres años, por lo tanto, me parece totalmente irracional que un asesino esté prestando servicios en una repartición de Carabineros de Chile”, sostuvo Alinco a un medio radial.

Por otra parte, la Corte Suprema aún no resuelve un recurso de casación presentado por la familia del asesinado estudiante mapuche, luego que los fallos de la justicia castrense fueran indulgentes con el Carabinero que lo mató. La aplicación de la ley de fuga que fue parte de la defensa del oficial de Carabineros, sería lo improcedente de la causa, que es el argumento que en parte fundamenta el recurso de casación.

Mónica Quezada, madre del joven asesinado, sostuvo que “el recurso busca llevar hasta las últimas instancias, la responsabilidad del asesino de mi hijo”. Aunque reconoció escepticismo por una verdadera justicia en Chile, acotó que “hacemos todo lo que es necesario hacer, pero no esperamos nada en particular”.

A través de una declaración de prensa, el Observatorio Ciudadano demandó poner fin a la impunidad que ha rodeado el caso. "Instamos a la Corte Suprema a acoger la casación presentada por la familia de Matías Catrileo como forma de hacer justicia frente a este crimen. Instamos además a la pronta reforma del Código de Justicia Militar para que delitos como éste, cometidos por efectivos policiales en contra de civiles, sean de competencia de justicia ordinaria y no de justicia militar", señaló la entidad.

"Finalmente, instamos a las autoridades de carabineros y a las autoridades civiles de las que dependen, a adoptar medidas administrativas para sancionar a funcionarios policiales que hacen uso abusivo de la fuerza pública, única forma de garantizar que este tipo de hechos y los que hemos seguido conociendo en las últimas semanas, no se vuelvan a repetir", subrayaron.

Vía | azkintuwe.org

4 ene 2011 by Nacho · 1 comentarios

La presencia de extranjeros no comunitarios en España baja un 6,5% en 2010

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El número de extranjeros no comunitarios con autorización de residencia bajó casi un 6,5% en España en los nueve primeros meses de 2010, especialmente en Madrid (-13,51%) y en la Comunidad Valenciana (-9,0%), hasta situarse en los 2.395.704. Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo, hasta el 30 de septiembre de 2010 había en el país un 6,49% menos de extranjeros extracomunitarios que a primeros de año. De ellos, 1.301.043 son hombres -un 6,9% menos que a 31 de diciembre de 2009- y 1.094.601 son mujeres -el 5,66% menos-. Por comunidad autónoma de residencia, Cataluña, Madrid y Andalucía agrupan al 56,49% de los extranjeros del régimen general con autorización de residencia en vigor. Sumando residentes comunitarios y no comunitarios, los extranjeros en España son 4,7 millones de personas a fecha de 30 de septiembre de 2010.

A nivel provincial, Barcelona es la que acoge el mayor número de extranjeros extracomunitarios (465.828, un 19,45% del total), seguida de Madrid (437.540), y ocho provincias de la costa mediterránea: Murcia, Alicante, Valencia, Girona, Baleares, Tarragona, Málaga y Almería. Junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, este tipo de autorizaciones bajó más en Baleares, con 8,43% menos que a comienzos de año, y Cataluña, con el -6,52%. Sin embargo, creció su número en Ceuta y Melilla, con repuntes del 12,61 y del 16,60%, respectivamente, así como en el País Vasco (3,85 por ciento), Extremadura (2,55%). También aumentaron en Cantabria y Castilla y León, pero en términos inferiores.

Crece el paro entre inmigrantes

El 44,22% de los extranjeros del régimen general proceden de Iberoamérica, seguidos de los nacionales de África (39,0%), aunque, por países, Marruecos encabeza la lista de emisores, con 728.234 personas con autorización de residencia en vigor, por delante de Ecuador, con 343.797. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de extranjeros con autorización de trabajo por cuenta ajena son Galicia (33,57%), Cantabria (30,24%) y Asturias (28,90%). Mientras tanto, los mayores porcentajes de autorizaciones de trabajo por cuenta propia se dan en Galicia y País Vasco, donde son superiores al 0,70%, y las mayores proporciones de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar se encuentran en La Rioja (15,94%). El régimen general es el régimen jurídico de extranjería de los nacionales de terceros países, salvo que les sea de aplicación el régimen comunitario por ser familiares de ciudadanos comunitarios.

De acuerdo con el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 30 de septiembre de 2010 había 2.358.798 extranjeros comunitarios con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, lo que supone un 5,81% más que a comienzos de año. Todas las autonomías aumentaron su número de extranjeros del régimen general, y cuatro de ellas -Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía- agrupan hasta el 63,19% de ellos. Extremadura, con una subida del 9,80% en los primeros nueve meses de 2010, es la comunidad donde más crecieron estas autorizaciones, seguida de Navarra, con el 7,61%; Baleares, con el 7,48%, y Cataluña, con el 7,43%.

En comparación con el 30 de septiembre de 2009, Trabajo destaca el descenso del 14,66% en el número de nacionales de Argentina. Sin embargo, en el mismo periodo, Italia (13,94%), Rumania (12,20%), Brasil (10,86%), Bulgaria (10,74%) y Ecuador (10,59%) han incrementado su población registrada en España en más del 10%. Rumanía es el país predominante por nacionalidades, con 817.460 personas, que se traduce en un porcentaje de 34,66% del total, seguido del Reino Unido, con 228.108 personas, e Italia, con 167.402.

Por otro lado, las remesas que los inmigrantes que trabajan en España enviaron a sus países de origen sumaron 1.955 millones de euros durante el tercer trimestre de 2010, lo que significa un 3,5% más con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, cuando las remesas alcanzaron los 1.889 millones, según los últimos datos del Banco de España. La cifra registrada en el tercer trimestre del pasado año también se incrementó en comparación con el periodo que va de abril a junio, un 11,3% más, cuando se enviaron desde España 1.757 millones.

El envío de remesas empezó a descender en tasa interanual en el segundo trimestre de 2008 y se ha mantenido a la baja hasta los últimos meses de 2009, lo que pone de manifiesto el impacto de la crisis y del incremento del desempleo entre la población extranjera durante los dos últimos años. El desempleo entre los extranjeros aumentó en 13.260 personas en noviembre, un 2,2% respecto a octubre, hasta situar el total de inmigrantes en paro en 606.326 personas. En el último año, el desempleo entre la población foránea se ha incrementado en 55.020 personas, un 10%. Hasta finales de 2007, la llegada creciente de inmigrantes había permitido una evolución positiva de las remesas. Así, desde 2002 las estadísticas reflejaban que las remesas de inmigrantes habían ido creciendo de forma paulatina desde entonces. Según las cifras de la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en 2002 las remesas representaron 2.844 millones de euros, cifra que ascendió en 2003 a 3.475 millones, en 2004 a 4.189 millones, en 2005 a 4.936 millones, hasta los 7.059 millones en 2006 y hasta los 8.445 millones en 2007. Esta tendencia se truncó en 2008, con una caída del 7,1% y se ha mantenido en 2009, con un descenso del 9,7%.

3 ene 2011 by Nacho · 0 comentarios

Comunidades mapuches de Melipeuco presentaron rechazo a licitación de explotación geotérmica

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Mediante documento, diversas comunidades mapuches de Melipeuco argumentaron su oposición a concesiones de exploración geotérmica “Newen” (15.000 hectáreas) y “Sollipulli” (44.000 hectáreas) en la Provincia de Cautín, País Mapuche, pues señalan que éstas tendrán un gran impacto en sus comunidades y además no han sido consultados de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el año recien pasado.

Cabe señalar que el 1 de septiembre el Ministerio de Energía abrió un proceso de licitación pública para concesiones de exploración de energía geotérmica en 21 áreas del país, entre ellas, las concesiones “Newen” (15.000 hectáreas) y “Sollipulli” (44.000 hectáreas), ubicadas en la Provincia de Cautín, a las que se oponen comunidades que presentaron el pasado miércoles un documento en el que argumentan su posición.


Dirigentes de las comunidades mapuche Juan José Ayenao (Santa María de Llaima); Antonio Huilipán (Santa María de Llaima); Juan Caniulaf (Huallerupe); Andrés Huenupi (Lifko); Huenchullan (Lifko); Cayuman Painenao (Lifko) y el Consejo Comunitario de Melipeuco hicieron entrega de una carta y antecedentes al Coordinador General de Políticas Mineras en la IX Región de la Araucanía.

De acuerdo a las comunidades, la principal razón de su oposición se debe a que las áreas licitadas corresponden a territorios ancestrales habitados por diversas comunidades mapuche, y emplazados en zonas de gran belleza natural y escénica. El área “Sollipulli” incluso se superpone a una zona protegida por el Estado, ya que comprende gran parte de la Reserva Nacional Villarrica, resguardada por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). Además sostienen no haber sido consultados de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado chileno.

Como aclara Carlos Allenao, werken de la comunidad Juan José Allenao del territorio Santa María de Llaima, su rechazo se debe a que “los proyectos geotérmicos que se están licitando en nuestra comuna pueden afectar culturalmente a nuestras comunidades; además estas licitaciones se han hecho sin consulta, no se ha respetado el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración sobre los Derechos de los pueblos indígenas de la ONU”, argumenta.

En la misma línea, Irene Romero, presidenta del Territorio Lifko de la comuna de Melipeuco, que agrupa a 18 comunidades, expresó su preocupación por las consecuencias negativas que trae consigo la posible construcción de estos megaproyectos geotérmicos, donde “los principales daños tienen que ver con la biodiversidad del lugar. Pero nos hemos dado cuenta que la ley de minería sobrepasa todas las leyes, incluido el Convenio 169 de la OIT”, indicó Romero.

Mientras que Jaime Huenupi Ovando, presidente de la comunidad Juan Huenupi, recordó que la construcción de este megaproyecto también impacta sobre áreas protegidas, “emplazadas en el Parque Nacional Villarrica”. Agregando que en estos casos “siempre se le da prioridad a las grandes empresas en desmedro de las comunidades mapuche que se van empobreciendo cada vez más”, y que la supuesta falta energética es para alimentar estas empresas, pues “la ciudadanía es la que menos ocupa energía, la mayor parte va para las empresas mineras del norte”, concluyó.

by Nacho · 0 comentarios